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    El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declaró la existencia de la violencia política en razón de género sufrida por la entonces candidata Octavia Ortega Arteaga, por el distrito electoral 01 con cabecera en Pánuco.

    El Procedimiento Especial Sancionador TEV-PES-63/2018 iniciado por los representantes propietarios de los partidos políticos PVEM y PRI, respectivamente, en contra de quienes resulten responsables, por violencia política en razón de género cometida en contra de la candidata a la diputación local de dicho distrito.

    El TEV en aras de erradicar la violencia política en razón de género y otorgar un recurso judicial idóneo o efectivo, señaló que, la Corte Interamericana ha sido enfática al expresar que, los Estados tienen el deber de actuar con la debida diligencia frente a las violaciones de los derechos humanos. Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad.

    El Tribunal, con los diversos elementos de prueba y conforme a la Jurisprudencia 21/2018 de rubro: “VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO” de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los lineamientos marcados por el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el cual se enmarca dentro de las acciones derivadas de los instrumentos internacionales suscritos por México, estimó que las agresiones sufridas por la entonces candidata, constituyen Violencia Política en Razón de Género.

    El TEV concluyó declarar la existencia de la violencia política en razón de género y con la finalidad de evitar que este tipo de conductas se repitan, estableció medidas de no repetición y a efecto de garantizar la sensibilización del funcionariado público,  exhortó a los partidos políticos y asociaciones políticas en el Estado de Veracruz; la FEPADE; al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lleve; al Titular de la Secretaría de Gobierno; Al OPLEV; al Instituto Veracruzano de las Mujeres; y a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones señaladas.

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