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    SPI Veracruz

     

    La integrante de la Defensoría de Derechos Humanos en la zona Norte del Estado, Alejandra Jiménez Ramírez lamentó que el Gobierno del Estado en lugar de enviar médicos y medicinas envió a la Fuerzas Civil para desalojar de manera violenta a los manifestantes de las comunidades de Ojite de Matamoros y de Comalteco la noche del lunes.

    Criticó que la Secretaría de Salud no ha dado respuesta satisfactoria sobre el padecimiento de 12 menores de edad, a los cuales diagnosticó con un supuesto cuadro respiratorio agudo y a los dos niños fallecidos los prescribió con leptospirosis (enfermedad de potencial epidémico, según la Organización Mundial de la Salud).

    Comentó que la Red Unidos por los Derechos Humanos y Defensoría de Derechos Humanos dieron fe del desalojo violento que realizó la policía estatal en contra de manifestantes en la carretera Coyutla-Espinal, a la altura de el crucero de Oriente Medio municipio el Espinal, que exigían atención médica para más de 12 niños.

    “En lugar de recibir médico y medicamentos recibieron a la Fuerza Civil que los desalojó violentamente y que los amedrentaron violentamente, además de detonaciones, no contra las personas, pero sí causando mucho miedo a las familias de Ojite y Comalteco; también les cortaron la energía eléctrica para que no pudieran comunicarse vía redes sociales y celular”, explicó.

    Jiménez Ramírez agregó que hubo varias personas detenidas de manera arbitraria, debajo de un puente sin llevarlos ante el ministerio público.

    “A las 2 de la madrugada soltaron a cuatro personas, pero otros seguían detenidos, alrededor de cinco persona, pero no tenemos el dato confirmado. Según los iban a trasladar a un agencia ministerial en el municipio de Papantla”, expresó.

    Manifestó que la delegación de la Comisión de Derechos Humanos ubicada en Papantla llegó muy tarde a la escena de los hechos.

    “Nosotros vamos a dar seguimiento y a que se debió esta violencia a familias que sólo exigían un derecho fundamental contemplado en la constitución que es el derecho a la salud”, puntualizó.

    Añadió que las familias están muy preocupados por el fallecimiento de dos menores de edad y desean saber que va a pasar con sus hijos que presentan los mismos síntomas de los finados.

    “La autoridad (gubernamental) no ha sabido informar qué tipo de enfermedad es, argumentan un cuadro de vías respiratorias muy grave, que se empeora con vómito de sangre porque hay explosión de órganos internos. La autoridad sanitaria dijo que los niños fallecidos fue por leptospirosis, pero no se sabe con certeza”, refirió.

    La defensora de Derechos Humanos criticó también que los centros de salud sin mayor análisis, tras un revisión rutinaria, regresaron a los niños a sus domicilios y a otros internados los dieron de alta.

    “Esto fue totalmente irresponsable sobre todo por el antecedente de los niños fallecidos, nos parece muy grave”, acotó Alejandra Jiménez.

    La Organización Mundial de la Salud define a la leptospirosis como una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira.

    Leptospira interrogans es patogénica para los hombres y los animales, con más de 200 variedades serológicas o serovariedades. Los seres humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente.

    La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; es importante el  diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves y salvar vidas principalmente en situaciones de brotes.

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