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    Enrique Yasser Pompeyo

    Mesa de Redacción

    El régimen de partidos políticos, el modelo de financiamiento público y el sistema de fiscalización se encuentran en riesgo, ante la iniciativa de reforma constitucional al Artículo 41 que se presentó en la Cámara de Diputados.

    Los legisladores analizan perdonar multas a los partidos políticos, a cambio de la reducción del financiamiento público.

    La propuesta también incluye eliminar la obligación de tener un padrón de militantes actualizado y confiable, así como la posibilidad de que puedan ejercer los recursos del financiamiento en fines distintos a los establecidos en la Constitución.

    De entrada, se advierte que quitar las obligaciones de tener un padrón de militantes y su estructura orgánica, equivaldría a desaparecer el sistema de partidos tal como se conoce y se convertirían en agencias de colocación política.

    Los consejeros del INE han dejado claro que no deben construirse por la vía legislativa mecanismos que aligeren la transparencia para los partidos en el ejercicio de los recursos públicos.

    Los partidos políticos son entes públicos que tienen una finalidad específica: ser mecanismos de acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público y la participación democrática.

    Por lo que no pueden ejercer gasto en productos o servicios que no tengan un objeto partidista.

    Los consejeros también han advertido que de prosperar esta propuesta, la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos habrá sido una simulación absoluta, ya que por un lado se disminuye el financiamiento para actividades ordinarias, pero por otro, se incrementan los recursos para gastos de campaña.

    En la propuesta se otorgan concesiones a los partidos, como la no devolución de remanentes o la eliminación de causales de multas, lo que impediría que el Consejo General del INE conozca y sancione asuntos como Pemexgate o Amigos de Fox.

    De aprobarse los cambios al Artículo 41 constitucional, que regula el financiamiento a los partidos políticos, se fomentaría el clientelismo, las dádivas y la compra del voto, que hoy constituyen un delito electoral.

    Es más, los consejeros consideran que se convertiría a los partidos en oligarquías, sin militancia, sin representación social necesaria y simplemente haría de los partidos algo completamente diferente al sistema democrático.

    En síntesis, se advierte que se trataría de un retroceso de todo el sistema democrático de México que lo llevaría a condiciones anteriores a la reforma política de 1977, con un partido hegemónico (Morena) que controle todo el gobierno y algunos partidos que recibirían financiamiento.

    enriquepompeyo@hotmail.com

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