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    México avanzo sólo una posición, del lugar 37 al 36 en el Índice de Competitividad Internacional (ICI) 2017. El tema más preocupante son los niveles de violencia y corrupción que de no enfrentarse, será un país más pobre, violento y con menores oportunidades de prosperidad, según información del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).

    Empero, el estudio indicó que gracias a un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) México avanzó tres posiciones en Economía.

    El Informe expone que, aunque México subió un puesto, el promedio de los países de la muestra presentó mayores avances tanto en inversión y talento, así como en la mayoría de los indicadores de los subíndices.

    En términos generales, la posición de México en la mayoría de los subíndices es estable. Una reducción en aranceles agrícolas y de manufactura, así como menores barreras ocultas a la importación, llevó al país a subir seis lugares en Relaciones internacionales.

    El IMCO plantea cinco desafíos que amenazan la competitividad de México:

    Primero. La continuidad de las reformas educativa y energética depende de la implementación de elementos clave en los próximos años.

    En lo educativo, dice, en los últimos dos años se observó un decremento en la aplicación de las evaluaciones de desempeño magisterial: un elemento clave para tener un sistema educativo meritocrático. A la velocidad actual, el total de maestros habrá sido evaluado hasta 2048.

    En lo energético, la parte más complica de la reforma se verá en los próximos seis años. Pemex debe generar las condiciones para competir en un mercado abierto: mejorar sus finanzas y cambiar su cultura interna para asociarse y competir con otras empresas.

    El IMCO aseveró que frenar la reforma Energética implicaría quitar más de 190 mil millones de pesos  de otros rubros del presupuesto federal para compensar la inversión privada que se ha detonado hasta la fecha. El sector de hidrocarburos deberá ser más transparente en la distribución de sus beneficios.

    Segundo. El 57 por ciento de los trabajadores están empleados en el sector informal, lo que reduce su ingreso y frena los aumentos de la productividad. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los trabajadores formales generan 76 por ciento del PIB y en consecuencia tienen mayores ingresos que los trabajadores del sector informal, en promedio 3 mil 773 pesos mensuales más.

    Solo los trabajadores formales tienen acceso a la seguridad social, por lo que casi 60 por ciento de los trabajadores mexicanos no tiene derecho a una pensión. Quienes tienen acceso a una pensión lo hacen en un sistema con gran desigualdad.

    Tercero. El gobierno no está aprovechando la tecnología para hacer más eficiente su desempeño: México no cuenta con un sistema de identificación digital. Falta una política para aprovechar los datos que generan tanto el gobierno como la economía digital.

    Las tarifas eléctricas no reflejan los costos locales de generar electricidad. Las empresas y emprendedores están expuestos a una carga de regulación excesiva.

    Cuarto. La relación México-Estados Unidos debe ver más allá de la crisis que implica la presidencia de Donald Trump.

    No hay un país más importante para Estados Unidos que México y viceversa. El 81 por ciento de las exportaciones mexicanas se van a EUA, mientras que México es el segundo mayor mercado para exportaciones estadounidenses después de Canadá.

    Por eso, es necesario ampliar y diversificar el número de actores que pesan en la agenda bilateral, así como promover el poder suave (soft power) de México.

    Quinto. Existe una falta de Estado de derecho en dos de sus versiones más perniciosas: la corrupción y la impunidad. De no enfrentarse, México será un país más pobre, violento y con menores oportunidades de prosperidad.

    El ICI 2017 mide la capacidad de las economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión. Para medir la competitividad, el índice evalúa 43 países a través de 129 indicadores, categorizados en 10 subíndices.

    Para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción deben funcionar los pilares básicos de la democracia: autonomía del ministerio público, un sistema de procuración de justicia y la división de poderes.

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