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    Luis Alberto Romero

    Hora Cero

     

    Al hablar con alcaldes y funcionarios de los nuevos ayuntamientos veracruzanos, es común escuchar historias del saqueo, del desaseo y de las irregularidades en que habrían incurrido las anteriores autoridades de los municipios de la entidad.

    Hay casos de ayuntamientos, como Martínez de la Torre, donde los nuevos inquilinos se han quejado porque quienes se fueron, cargaron hasta con las cortinas.

    En Alvarado, otro ejemplo, los nuevos funcionarios no encontraron ni mobiliario.

    Lo común, también, es enterarnos de procesos avanzados en materia de auditorías y revisiones a las cuentas públicas; así como ayuntamientos en problemas por la falta de una adecuada comprobación de los recursos ejercidos.

    Al iniciar febrero, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Orfis, compareció ante la Legislatura del Estado e informó que derivado de las observaciones a la cuenta pública 2016, hay 16 denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado, que presumen un daño patrimonial por más de 5 mil 500 millones de pesos.

    De igual manera, más de un centenar de ayuntamientos presentan presunto daño patrimonial y se habla en conjunto de más de 600 millones de pesos que no fueron comprobados por los hoy ex ediles.

    Por otra parte, y hay que decirlo, también encontramos casos de ayuntamientos cuyos ex alcaldes no sólo realizaron un papel decoroso en materia de obras y gestión, sino limpio en materia de ejercicio presupuestal.

    Un ejemplo de ello es el ayuntamiento de Tuxpan, cuya anterior administración, que fue encabezada por Raúl Ruiz Díaz, ha librado en buenos términos las revisiones y auditorías, tanto estatales, del Órgano de Fiscalización Superior, como federales, de la Auditoría Superior de la Federación.

    El 31 de enero, el Orfis resolvió que la pasada administración tuxpeña no incurrió “en responsabilidad que genere daño patrimonial a la Hacienda Municipal”.

    El expediente  ORFIS/096/2017, consigna las revisiones y auditorías practicadas al ayuntamiento de Tuxpan, cuenta pública 2016. Esos documentos básicamente determinan que “los ciudadanos Raúl Alberto Ruiz Díaz, presidente municipal; Javier Benítez Ponce, síndico; y Kenia Orellán Manteca, regidora, ambos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal… no incurrieron en responsabilidad que genere daño patrimonial…”

    Eso es lo que corresponde al ejercicio 2016. Un año antes, en la revisión al ejercicio 2015, el ayuntamiento de Tuxpan también aprobó, sin problemas, las revisiones relacionadas con el manejo de los recursos.

    El Orfis descartó, en Tuxpan, desvíos del gobierno municipal y, determinó que los recursos públicos se han ejercido con trasparencia y honestidad.

    Esa ha sido la constante en cuanto a la información derivada de las auditorías a ese ayuntamiento; en los tres años que la instancia fiscalizadora ha revisado las cuentas del citado gobierno municipal, el resultado no consigna desvíos ni daño patrimonial alguno; al contrario, el órgano auditor no detectó irregularidades por presunto daño patrimonial, ni responsabilidades de carácter resarcitorio.

    Por otro lado, habría que destacar que esa administración municipal no contrató nuevas deudas en Tuxpan, como sí lo hizo el ayuntamiento encabezado por el actual diputado federal Alberto Silva Ramos.

    Al contrario, la pasada administración tuxpeña pagó una parte importante de los pasivos heredados. Por si fuera poco, dejó dinero en caja, para que el nuevo ayuntamiento no pasara las penurias económicas que enfrentó, al iniciar, el gobierno de Ruiz Díaz.

    Si a esa limpieza en el manejo del dinero público se suma el trabajo en materia de obra pública, la responsabilidad administrativa, y la llegada de inversiones a ese lugar del norte de Veracruz, el saldo que presentó ese ayuntamiento no podría quedar en mejores términos.

    @luisromero85

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