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    Yadira Hidalgo Glez.

    Mujeres que Saben Latín

     

     

    Desde la salida del amparo 1191 que obliga al Congreso del Estado a acatar las reformas que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) consideró necesarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas, a fin de evitar una segunda Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que finalmente se decretó, las reacciones no se han hecho esperar. La mayoría de ellas, positivas y ad hoc con el avance social y político que poco a poco se ha ido desarrollando en el estado, gracias a la reflexión y el análisis de una buena parte de la sociedad, sobre el tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

    Muestra de ello ha sido el respaldo que el Ayuntamiento de Xalapa ha salido a dar a los grupos feministas organizados, reconociendo la labor de décadas a favor de poner el tema en el centro de la discusión laica, científica y bien argumentada. Así como las posturas asumidas por funcionarios públicos que separando sus creencias, saben que no pueden imponer su fe sobre la decisión de las demás personas.

    Sin embargo, esta ola reflexiva no alcanza a llegar al Congreso del Estado, donde a través del diputado Sergio Hernández, coordinador de la bancada panista de la LXIV legislatura _vuelto a reelegir por la vía plurinominal aunque el electorado le demostró su rechazo total_ la parte más conservadora del legislativo, ha amenazado con desacatar lo que dictaminó el juez decimo octavo del Distrito de Veracruz, a través de declaraciones que evidencian su ignorancia de los conceptos básicos del derecho.

    El amparo 1191 obliga al Congreso estatal a modificar los artículos 149, 150 y 154 del código penal, relativos al delito de aborto, que en Veracruz no tiene pena carcelaria, sino que se castiga, enviando a las mujeres a sesiones de medidas reeducativas para que piensen en su “mal hacer”, con todo lo que eso implica: un trato de menores de edad que toman “malas” decisiones.

    Es por ello que una de las recomendaciones de la Conavim para evitar la segunda alerta de género, fue hacer estas modificaciones básicamente para:

    * Que el aborto no se considerara delito hasta después de las 12 semanas

    * Que en caso de violación el término de las 12 semanas se amplíe

    * Que se consideren las afectaciones a la salud de la mujer como una de las causales de ILE en Veracruz

    Hay otra modificación que no se ha mencionado, la de no penalizar a las personas que ayuden a una mujer a abortar, algo que sin duda hará la diferencia, toda vez que actualmente, muchos médicos y médicas se han declarado objetores de conciencia, no

    por cuestiones de creencias religiosas, sino porque no había nada en la ley que les protegiera en el ejercicio de su profesión.

    Sin duda alguna muchos cambios y avances se están dando en el terreno de los derechos humanos de las mujeres. Cambios que no vendrán sin obstáculos grandes que derribar; pero para las mujeres organizadas nada ha sido nunca fácil. Estamos acostumbradas a dar batalla en condiciones adversas y somos incansables. Lo hemos demostrado. Así que pese a los augurios de un Congreso de la Unión con 53 diputados salidos de las filas del PES, nosotras conocemos los pasos a dar, los hemos dado y no daremos ni uno atrás.

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